Un proyecto de reforma del sistema judicial rumano, presentado el miércoles por el ministro de Justicia, Tudorel Toader, ha generado duras críticas entre las que se encuentran las del presidente Klaus Iohannis, quien lo calificó como un “ataque contra el Estado de Derecho”. Entre las propuestas se hallan la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción (DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, al mismo tiempo que los fiscales jefes de la Fiscalía General y del DNA ya no serían designados por el jefe del Estado.
“Constituyen un ataque contra el Estado de Derecho, independencia y buen funcionamiento de la Justicia, así como también la lucha contra la corrupción”, señaló Iohannis en un comunicado de prensa.
“Si esta amalgama de medidas es asumida del Gobierno y aprobada por el Parlamento, los esfuerzos de Rumanía de hace más de diez años serán anulados y la justicia volverá al pasado, en una época en la que estaba subordinada al político”, concluyó la nota.
En la actualidad, el presidente nombra a los fiscales jefes propuestos por el propio primer ministro de Justicia, después de recibir el visto bueno, aunque no es vinculante, del Consejo Superior de Magistratura (CSM).
Toader, quien precisó que no se trata de una amnistía, anunció también el control de la Inspección Judicial del CSM, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.
Por sus parte, la Fiscalía General ha levantado una “señal de alarma” por la creación de una sección para investigar a los magistrados y trasladar la Inspección Judicial a manos del Ministerio de Justicia.
Inmediatamente, se convocó una manifestación en frente de la sede del Gobierno, donde hace seis meses una oleada de protestas secundadas por cientos miles de ciudadanos frenaron una ley que suavizaba leyes que despenalizaban la corrupción que el Ejecutivo socialdemócrata quería aprobar.
